Charlotte (Carolina del Norte).- El controvertido caso de la mexicana indocumentada de Tennessee que momentos antes de dar a luz estuvo esposada en una cama de hospital bajo la custodia de alguaciles locales y recibió una compensación, volverá a las cortes para un nuevo juicio.

En una decisión de 2-1, el Sexto Circuito de la Corte de Apelaciones determinó el lunes que los "hechos básicos" del caso siguen en "disputa", y que un jurado, no un juez, deberá decidir si la Oficina del Alguacil del condado Davidson, donde se asienta Nashville, capital del estado, violó los derechos civiles de la hispana durante su detención.

En 2008, la mexicana Juana Villegas fue arrestada por los alguaciles locales por una infracción de tránsito y sometida al programa 287g que determinó su situación irregular en el país.

Tres días después de su detención, tuvo que ser traslada al hospital porque estaba a punto de dar a luz, pero los agentes la esposaron de piernas y manos.

El caso de Villegas desató una serie de críticas y denuncias sobre la aplicación del 287g en Nashville por parte de las autoridades y de la manera que manejaron la situación especial de la hispana embarazada.

Tres años después del incidente de Villegas, el juez de distrito, William Haynes, decidió que el gobierno de Metro (una consolidación de Nashville y el condado Davidson), debía pagar una compensación a la mujer por su dolor y sufrimiento.

La decisión del magistrado conllevó a que un jurado determinara que el condado debía pagar a la mexicana 200.000 dólares, y con la decisión del nuevo juicio, esta cifra podría ser reconsiderada.

Phil Cramer, abogado de la hispana, declaró hoy al periódico "The Tennessean", que su clienta estaba "decepcionada porque todavía no se había resuelto el caso", aunque tampoco descartó la posibilidad de apelar la decisión ante la Corte Suprema de Tennessee.

Por su parte, Daron Hall, abogado del condado, dijo a la publicación que estaba de acuerdo con la decisión de la corte, porque consideraba que los agentes "cumplieron con el protocolo para estos casos".

Asimismo, las organizaciones que apoyaron a la hispana, como la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, manifestaron su disgusto por la decisión de la Corte de Apelaciones.

En agosto de 2012, la oficina del alguacil de Davidson dejó de aplicar el 287g y lo sustituyó por Comunidades Seguras, que determina el estatus migratorio de todos los detenidos que llegan a la cárcel.