Bogotá.- La senadora Piedad Zuccardi, a la que la Corte Suprema de Justicia investiga por supuestos vínculos con paramilitares, se entregó a las autoridades colombianas, informó la Fiscalía.

La fuente precisó que la entrega se materializó ayer en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, a dónde llegó del exterior.

Tras su entrega, la política que pertenece al Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U), fue traslada al búnker de la Fiscalía a la espera de que la Corte Suprema de Justicia la llame a indagatoria.

Zuccardi es investigada por sus presuntos vínculos con el Bloque Héroes de María, que actuaba en el departamento de Bolívar (norte).

Según los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la política debe responder por sus presuntos vínculos con exparamilitares, entre ellos Manuel Antonio Castellanos, alias "el Chino".

Castellanos ha dicho en diferentes declaraciones que en 2002 la senadora se reunió en el municipio de Arjona (Bolívar) con el exparamilitar Edwar Cobos Téllez alias "Diego Vecino" con quien pactó una alianza para su campaña política en las elecciones de ese año.

Zuccardi es la esposa del exsenador Juan José García Romero, destituido por un caso de corrupción. García Romero es hermano del exsenador Álvaro García Romero, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo, localidad del norteño departamento de Bolívar, el 16 de octubre de 2000.

La masacre de Macayepo, que dejó al menos 15 campesinos muertos a garrote y machete, y al menos 200 familias desplazadas, fue cometida por un grupo de 80 paramilitares del llamado "Bloque Norte" de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al mando de Rodrigo Mercado Pelufo, alias "Cadena".

En 1998 Zuccardi llegó al Senado de la República por el Partido Liberal. En 2002 logró la reelección aunque con la bandera de la Nueva Fuerza Liberal y en 2006 también llegó a esa cámara pero con el Partido de la U.

Este caso se suma a otros que en Colombia se conocen como "parapolítica", una alianza de políticos con paramilitares para obtener poder político.

En la actualidad hay unos 60 políticos presos o procesados por esta conducta