Puebla, Puebla.- En 2012 la Relatoría para la Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos documentó tres veces más agresiones contra personas que utilizan la protesta social para exigir sus derechos.

Ante el aumento de la represión, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas y todos" (Red TDT) decidió reactivar la campaña “Protestar es un derecho, reprimir es un delito”, que busca quitar el estigma de la criminalización a la protesta social y reivindicar el derecho a la misma.

La campaña original fue lanzada en 2008 y ahora se le suman otras organizaciones y movimientos, entre ellos el #YoSoy132 y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que consideran que la situación en México sigue igual y las demandas de la sociedad civil no han cambiado.

Este seis de febrero los impulsores de la campaña hicieron un acto para difundir nuevamente el mensaje de que todas las personas tienen el derecho de denunciar la represión en contra de movimientos sociales, individuos y organizaciones por parte de las autoridades, y de inconformarse y manifestarse. La protesta social “es una manera de decir al gobierno que no está cumpliendo con sus obligaciones”, y es también una acción legal y legítima.

La reactivación de la campaña recuerda principalmente la represión del 1º de diciembre en el Distrito Federal, donde hubo decenas de detenciones selectivas y arbitrarias, y los abusos de las autoridades no han sido ni investigados ni castigados.

“Protestar es un derecho, reprimir es un delito” busca impulsar una agenda de políticas públicas y legislativa que ayude a garantizar el derecho a la libertad de expresión, la defensa de Derechos Humanos y a la protesta social y visibilizar la responsabilidad de las autoridades de atender las problemáticas planteadas mediante la protesta social.

Otras de las propuestas de la iniciativa son la visibilización de las violaciones a los Derechos Humanos que conlleva la criminalización de la protesta social además de las repercusiones legales que implica la represión del gobierno.