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Protesta social, criminalizada por el gobierno del Distrito Federal‏

María Aranzazú Ayala 09/12/2013 20:54:01
Protesta social, criminalizada por el gobierno del Distrito Federal‏Protesta social, criminalizada por el gobierno del Distrito Federal‏
Si la iniciativa de ley mencionada es aprobada significaría un gran retroceso en cuanto a protección y garantía de libertades y Derechos Humanos en la capital.

México, Distrito Federal.- Este martes 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Ese día, justo en esa fecha, varias Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) prevén que las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados voten el dictamen de la Ley de Manifestaciones Públicas en la capital del país, el cual tiende a la criminalización de la protesta social –práctica que dese el 1º de diciembre de 2012 ha sido recurrente en la Ciudad de México y denunciada constantemente por activistas–.

Un grupo de OSC, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Artículo 19 y FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, publicaron un comunicado conjunto en el cual aseguran que si la iniciativa de ley mencionada es aprobada significaría un gran retroceso en cuanto a protección y garantía de libertades y Derechos Humanos en la capital.

Luego de un análisis del documento, los activistas y defensores concluyen que la iniciativa viola los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); los 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del 14 al 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Mexicana, que hablan de legalidad y seguridad jurídica, y los artículos 6 y 9 de la misma, acerca de la libertad de expresión y de asociación.

La propuesta estuvo a cargo del diputado del PAN, Jorge Sotomayor, quien junto con su grupo pretender que sea aprobada sin tomar en cuenta las críticas y sugerencias y sin tener un debate con la sociedad civil. Los activistas denuncian que la ley “parte de la falsa premisa de que ejercer el derecho a protestar obstaculiza absolutamente el derecho a la libre circulación”, cuando realmente pretende controlar y reducir los derechos de asociación y libre manifestación de ideas, condicionándolos a permisos y requisitos que califican de “desproporcionados”.

Entre lo que plantea la nueva legislación está que para tener el permiso de manifestarse se necesita pedir una solicitud 48 horas antes y las autoridades pueden otorgarlas a discreción, negándolos o condicionando y modificando hora, lugar, recorrido y fecha con criterios no muy bien establecidos y confusos.

Las OSC dicen también que la propuesta que ha sido respaldada también por legisladores priístas está fundamentada en violaciones al principio de legalidad como la ambigüedad en varios artículos que abriría las puertas a que la ley sea utilizada de manera arbitraria, dañando directamente el derecho a la certeza jurídica, entre otros.

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