Puebla.- Este jueves unos 500 piperos de seis organizaciones de Puebla y Tlaxcala realizaron una asamblea en la explanada de los estadios para manifestarse en contra de las modificaciones que recientemente realizó el Congreso a la Ley de Agua del Estado de Puebla.

A decir de los inconformes el artículo 90 de la nueva norma limita su trabajo, los trata como competencia de los sistemas operadores de agua potable, incrementa los trámites burocráticos, aumenta el mantenimiento de sus unidades, encarece el servicio y dispara la corrupción.

El representante de los Transportistas Unidos del Valle de la Malintzi, Felipe Moreno Luna, dijo que dicho artículo, en su capítulo siete, señala que no pueden dar el servicio donde existan redes primarias y secundarias, “lo cual es totalmente ilógico ya que existimos por la deficiencia de nuestros gobiernos porque no dan el servicio al cien por ciento a nuestras comunidades”.

Los afectados aseguran que la legislación contempla una excesiva vigilancia en contra de su actividad, pues señala que cometerían infracción en caso de que sin autorización realicen actos de competencia exclusiva de los prestadores de servicios; es decir, no podrán cubrir sus pedidos hasta que SOAPAP se los permita, de lo contrario tendrían que pagar una multa de 16 mil hasta 92 mil pesos.

“Es nuestra forma de sobrevivir y finalmente para nosotros es nuestra fuente de empleo, y hay fuentes de empleo indirectas (…) Nosotros le damos chamba al talachero, al eléctrico, al mecánico, a los operadores, entonces si somos 4 mil o 5 mil piperos en la ciudad fácil somos 20, 30 mil familias que vivimos de las pipas”, señaló el Presidente de la Asociación de Piperos de Valsequillo, Juventino Rosas.

Cabe señalar que según la legislación los propietarios de estos vehículos también deberán pasar y aprobar una revista mecánica cada tres meses, así como refrendar la concesión dos veces por año, situación que los obliga a pensar en su probable privatización.

“Detrás de este planteamiento (Ley de Agua del Estado de Puebla) existe una medida que no se ve pero que analizando hemos encontrado, en todo el mundo y en particular en México, como ya ha ocurrido en varios países de Latinoamérica, que las grandes corporaciones multinacionales del agua, en particular las francesas y estadounidenses, están trabajando para apropiarse de este recurso y están influyendo en las legislaciones nacionales para que las leyes se modifiquen a modo, y estos grandes corporativos multinacionales puedan intervenir y hacer de ellos el negocio del agua”, concluyó uno de los quejosos.

Finalmente la Secretaría General de Gobierno se comprometió a escuchar cada una de las quejas para lograr un acuerdo.