El gobierno federal no cuenta con una base de datos acerca del número de desaparecidos -a consecuencia de la inseguridad y la violencia de 2006 a la fecha- y las únicas cifras con las que cuenta en esta materia son las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, admitió el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

Reconoció también que es necesario “robustecer” mecanismos – entre la federación y los estados- para la protección efectiva de defensores de derechos humanos. El objetivo es evitar “incidentes” como el de Norma Andrade, cofundadora de la organización “Nuestras hijas de regreso a casa”, quien ha sufrido dos atentados.

Porié dijo esta mañana que la activista ya está protegida por elementos federales.

En el último tramo del sexenio, el Ejecutivo enviará próximamente al Congreso de la Unión una iniciativa de protección a víctimas y presentará protocolos de acción de cada corporación policial o de las fuerzas armadas. Sin embargo, aun no tiene listo el mecanismos de protección a los defensores de garantías básicas y tampoco un recuento de la reparación del daño a víctimas de los elementos en mención.

-¿Las víctimas están recibiendo apoyos relativos a reparación del daño?

-En algunos casos, sí. Y la información precisa (de ello) la tendrá qué dar cada una de las dependencias.

El secretario Poiré dio conferencia de prensa para detallar los siete puntos con base en los cuales el gobierno federal afirma que garantizará la perspectiva de derechos humanos en la aplicación de todas las políticas públicas.

Pese a ello, el responsable de la política interna no pudo ofrecer una fecha, por lo menos tentativa, de cuándo estará lista la base de datos de desaparecidos y tampoco una cifra aproximada de la magnitud de esta situación. Dijo que “este mes o el entrante”, en el contexto de una reunión del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se precisará la ruta a seguir y el momento en que estaría lista tal base.

(Con información de La Jornada)