La crisis mediática que enfrentó el ex gobernador Mario Marín Torres en febrero de 2006, luego de la detención en Cancún de la periodista Lydia Cacho Ribeiro y la divulgación de la conversación telefónica entre el mandatario y el empresario Kamel Nacif llegó a tener en la segunda quincena de marzo un máximo histórico “de mil 92 impactos negativos contra 85 positivos” en la prensa.

Los datos duros provienen de un amplio artículo que sobre el fenómeno mediático vivido por la sociedad poblana escribe uno de los testigos privilegiados del episodio que marcó el ocaso de un político que al terminar su gestión como presidente municipal de la capital de Puebla en 2003, había alcanzado una aprobación de 79 por ciento: Javier Sánchez Galicia, ex director de Comunicación Social y Relaciones Públicas.

Como título: Dios en el poder, una conversación telefónica: del escándalo mediático al equilibrio político del ahora director del Instituto de Comunicación Política, aparece en el índice del libro La Gestión del Disenso, la comunicación visual en problemas, coordinado por los expertos Mario Riorda y Damián Fernández Pedemonte.

Escriben los autores sobre el documento de próxima aparición en México –ya circula en Argentina y algunos países de América del Sur- que “intenta rescatar, sin tapujos ni preconceptos, el abordaje de situaciones complejas en donde los gobiernos, tanto como la gestión de su comunicación, se hallan en un problema público. Es un escrito sobre situaciones incómodas, tanto del gobierno como desde la ciudadanía, los medios y actores públicos relevantes”.

Desde una perspectiva académica, Sánchez Galicia es el primer miembro del war room del ex mandatario poblano en abrir al escrutinio detalles del escándalo que dio en el corazón de un equipo que se había proyectado ejercer el poder público, y que polarizó a la sociedad entera.

“Al margen del desarrollo de una revisión jurídica que a la postre concluyó con la exoneración del gobernante desde del máximo tribunal del país, la confianza generada durante los años de trayectoria política se transformó en recelo en cuestión de días. La gobernabilidad se tambaleó”, escribe a manera de introducción de un amplio texto.

“La crisis que llegó al gobierno, de la noche a la mañana, se mantuvo durante 30 días bajo una lluvia de señalamientos en los medios de comunicación, durante los cuales se realizaron acciones que complicaron el problema: campañas de autopromoción, creación de una Fiscalía Especial”

En una clara alusión al entonces responsable del área, Valentín Meneses Rojas, compadre además del gobernador dice el especialista que “se evidenció la ausencia de un comité de crisis, de un vocero-especialista designado y la carencia de una estrategia de comunicación (…) que tuviera como propósito restituir el orden perdido y transmitir a la sociedad  tranquilidad…”

De acuerdo con la tesis planteada, el gobierno de Puebla estuvo a punto de naufragar dicta el especialista: “En política, una situación de crisis puede poner en peligro la pérdida del poder. Según Amado Castro (1994: 164-176), una crisis es una situación de máximo riesgo y mínimo control”

El trabajo recogido en el libro para especialistas en comunicación política también analiza la tendencia de los medios de comunicación masiva en México, por la tendencia a la trivialización de la agenda pública ante “la obsesión de los medios de comunicación (que) tiende a socavar la calidad del discurso y el debate público, concentrando la atención (…) en asuntos relativamente triviales y colocando cuestiones importantes en los márgenes de la esfera pública”.

Con abundancia de citas de académicos y teóricos sobre el fenómeno de la comunicación y la gestión de crisis, también abunda en datos: Mario Marín Torres, el político priista que había terminado su administración como edil de la ciudad capital como gobierno líder por su nivel de desempeño profesional con un 4.5 por ciento en de satisfacción en una escala de 1 a 5, según la American Society for Quality Control, se desplomó.

De acuerdo con una encuesta de Indicadores S.C., el mandatario perdió entre el 14 de febrero –inicio del escándalo – y finales de  marzo de 2006, un total de 31 puntos porcentuales en los índices de aprobación gubernamental, al pasar de 72.2%  a 41%  de los que apoyaban en ese entonces su gestión.