La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio entrada a una solicitud, presentada por el PAN, para exigir a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla (PGJEP) que fortalezca “las investigaciones contra los ex funcionarios del gobierno de Mario Marín Torres”, más allá de las órdenes de aprehensión ya giradas, bajo la presunción de que hay más actos de corrupción.

En el punto de acuerdo que llevó a tribuna el diputado panista Agustín Castilla Marroquín, se acusa a la anterior administración de estar “indisolublemente vinculada al desvío de recursos, a las redes de protección y compadrazgo, a la política de los amigos que remite si acaso a pensar en un guión para película de mafias políticas que no estaría mal que rescatara algún día el cine mexicano”.

En su exposición de motivos, Castilla Marroquín asegura que el gobierno de Mario Marín “está marcado por haber triplicado la deuda estatal, por sepultar la competitividad y por condenar a la transparencia a dormir el sueño de los justos, incluso a punta de intimidación, secuestro y abuso de poder”.

Asimismo, se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a revisar el por qué el ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, “no reparó el daño causado a la señora Lydia Cacho” ni estableció medidas para “prevenir la tortura y promover el respeto de las garantías fundamentales y de la libertad de expresión”.