La Paz.- El bloqueo que mantienen centenares de guaraníes del acceso a instalaciones petroleras en el oriente de Bolivia para paralizar la construcción de una planta de gas representa para el país una pérdida diaria de 350 mil dólares, dijo hoy una fuente oficial.

A esta cifra habría que sumar otros 285 mil dólares por cada día que se retrase la construcción debido a que no se cumplirían las previsiones de recuperación de líquidos tanto de gas licuado de petróleo como de gasolina, informó hoy en un comunicado el gerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos, Mario Salazar.

La medida de protesta fue iniciada ayer por indígenas de la Asamblea del Pueblo Guaraní Takovo Mora, que resolvió movilizarse contra un proyecto de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en el departamento de Santa Cruz (este).

Los indígenas lograron paralizar la construcción de una planta de separación de líquidos del gas natural a cargo de la compañía argentina Astra Evangelista S.A. (AESA), una obra cuya conclusión está prevista para mayo, cuando la inaugurará el presidente Evo Morales.

Salazar señaló que las pérdidas diarias se deben, entre otros conceptos, a la penalización que se establece en el contrato con AESA por la paralización de las obras.

El bloqueo, según el ejecutivo de YPFB, también afecta al funcionamiento de otras infraestructuras que forman parte de la cadena de los hidrocarburos, como la planta de compresión de Río Grande, "que es el centro a partir del cual se distribuye gas a Brasil".

La empresa estatal ya advirtió ayer que la medida de presión adoptada por los guaraníes pone en riesgo las exportaciones de gas a Brasil y Argentina.

Además, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, aseguró que la compañía ya firmó un acuerdo con esa etnia y depositó a nombre de su dirigente una compensación de un millón de dólares para financiar varios proyectos de desarrollo de la comunidad que mitiguen los efectos de la construcción de esa obra.

YPFB también financia con cerca de otro millón de dólares obras en el municipio y la zona donde viven estos indígenas.

Unos 300 indígenas bloquean el acceso a las obras de construcción de la planta de gas para pedir más dinero y que se contrate a seis personas durante 25 años para que vigilen los riesgos ambientales del proyecto, una petición que YPFB considera "desproporcionada".