Puebla, Puebla.- En el marco de los primeros cien días de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la grave situación que viven los migrantes indocumentados que atraviesan México para llegar a Estados Unidos, no ha sido corregida ni tratada, denunció Amnistía Internacional (AI) capítulo México.

La fuerte crisis humanitaria que vive una de las poblaciones más vulnerables del país, con secuestros, asesinato, abuso sexual, reclutamiento forzoso en grupos del crimen organizado, trata y tráfico de personas y tortura, se ha dejado “en segundo plano”, de acuerdo al investigador de AI, Rupert Knox.

Tanto los albergues que reciben por tres días a los centroamericanos, como los defensores y activistas, han reportado en varias ocasiones a la ONG ataques, acosos y amenazas, entre ellos Fray Tomás González y Rubén Figueroa, del albergue La 72 en Tenosique, Tabasco, y el sacerdote Pedro Pantoja y su equipo, quienes laboran en la casa para migrantes de Saltillo, Coahuila. Knox dijo que “este hecho resalta una vez más los riesgos que sufren las personas que se dedican a garantizar la seguridad de los migrantes”.

Además, el flujo migratorio ha ido en aumento; algunos albergues llegan a recibir hasta 300 personas cada día, como el de Ixtepec, Oaxaca, dirigido por el Padre Alejandro Solalinde, quien también denunció la reactivación de los secuestros masivos en la zona de Medias Aguas, Veracruz, crimen que aún no ha sido debidamente atendido.

Amnistía, quien ha tenido durante el último año una fuerte campaña de sensibilización y difusión de defensa y respeto de los Derechos Humanos de los migrantes de tránsito, exige al gobierno de Peña Nieto que implemente, dirija y coordine medidas para la prevención de abusos contra los migrantes, y que los defensores en riesgo tengan una protección efectiva.

La ONG pide también con carácter urgente que se cree una base de datos de los migrantes desaparecidos, con ADN, para que los familiares puedan identificar a las personas y aportar información, además de establecer protocolos para que se investiguen los crímenes contra migrantes y que ellos puedan reportar o denunciar cualquier abuso o crimen.

En varias ocasiones, la xenofobia y malos tratos están reforzados por algunos funcionarios públicos, quienes hacen caso omiso a las denuncias y crímenes. Por ejemplo, el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación dijo este año que todas las denuncias de secuestro de migrantes son enviadas sólo a la Procuraduría General de la República (PGR), sin que se proceda más allá, lo que AI considera es “sintomático de la incapacidad del gobierno federal” para brindar una respuesta efectiva y coordinada entre los tres niveles de gobierno.