Nueva Delhi.-Al menos 23 personas han muerto hoy en el cuarto día de protestas islamistas en Bangladesh, donde la decisión del Gobierno de judicializar los crímenes ocurridos en la guerra de independencia (1971) ha polarizado a la población.

La agitación fue promovida desde primera hora de la mañana por miles de seguidores del opositor Jamaat-e-Islami (JeI), un partido minoritario pero con bastante influencia que en aquel conflicto se alineó con Pakistán, del que Bangladesh era el ala oriental.

La cúpula de este partido está sufriendo en los últimos meses el acoso de la Justicia y la sentencia a pena de muerte impuesta el jueves contra uno de sus líderes, el septuagenario Delawar Hossain Sayedi, ha recrudecido la violencia que ya imperaba en el país.

Unas 70 personas han fallecido desde entonces en disturbios en numerosos puntos del territorio que han enfrentado a militantes del JeI y su rama juvenil con fuerzas del orden, activistas progubernamentales y miembros de minorías religiosas como la hindú.

Según la agencia estatal UNB, al menos 23 personas murieron hoy y decenas resultaron heridas sobre todo en distritos del norte del país, donde las autoridades ordenaron el despliegue del Ejército en algunas zonas.

Los incidentes más graves se registraron en la población septentrional de Bogra, en la que once manifestantes perdieron la vida a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad.

Las protestas no tienen un final cercano pues tanto Jamaat-e-Islami como sus rivales políticos están convocando nuevas movilizaciones para los próximos días, lo que está polarizando a una población que tiene las heridas de su guerra civil muy abiertas.

El actual Bangladesh -antigua Bengala Oriental- pasó en virtud de su mayoría musulmana a formar parte de Pakistán tras la partición del subcontinente y salida del Imperio Británico, en 1947, pese a estar separado por más de 3.000 kilómetros de territorio indio del ala occidental paquistaní.

El descontento por la vulneración de los derechos políticos y lingüísticos alimentó con el tiempo una gran revuelta popular que en 1971 derivó en una guerra de nueve meses tras la que Bangladesh logró la independencia con apoyo político y militar de Nueva Delhi.

En aquel conflicto fallecieron según algunas estimaciones unos tres millones de personas y cientos de miles de mujeres fueron violadas.

Estos crímenes quedaron impunes, pues un acuerdo tripartito entre la India, Pakistán y Bangladesh permitió el regreso a suelo paquistaní de dos centenares de mandos militares de ese país y el enjuiciamiento de los responsables locales ha sido durante décadas un tira y afloja entre las dos principales fuerzas políticas.

En declaraciones a Efe, el analista político local Harún Habib argumentó hoy que para una parte importante de los bangladeshíes hacer justicia por este capítulo oscuro de la historia es "esencial" aunque sea después de 40 años.

"Los juicios de crímenes de guerra son una obligación nacional, es verdad que es reabrir una herida y será complicado pero la sociedad necesita tener un motivo de orgullo", dijo.

Guiada por este sentimiento, el Gobierno de la primera ministra, Sheikh Hasina, hija de uno de los padres de la patria, se propuso al inicio de esta legislatura (2009) atribuir responsabilidades a aquellos que perpetraron crímenes contra la humanidad.

De esta manera se creó en 2010 un tribunal de crímenes de guerra, donde en la práctica la mayor parte de los imputados -y todos los condenados hasta la fecha- han sido cabecillas de Jamaat-e-Islami.

Aparte de constituir esta corte, el Gobierno aprobó una ley el pasado mes que permite a la Fiscalía recurrir sentencias y que da luz verde a perseguir judicialmente a formaciones políticas.

La Fiscalía recurrió de hecho hoy la sentencia contra otro líder islamista, el vicesecretario general del JeI, Abdul Kader Molla, quien a principios de febrero había sido condenado a cadena perpetua para descontento de los seguidores progubernamentales.

Una fuente diplomática occidental opinó que no parece probable que el Gobierno vaya a "flexibilizar su postura", pues hacerlo podría perjudicarle ante sus simpatizantes de cara a los comicios generales previstos para finales de año.

La fuente alertó, no obstante, de la posibilidad de un golpe militar si los disturbios siguen recrudeciéndose en los próximos meses, como ya sucediera en 2007, cuando el Ejército impuso un gobierno tecnócrata.