El Estado Mexicano ha perdido la guerra contra la delincuencia organizada, a despecho de su principal impulsor: Felipe Calderón Hinojosa.
Prueba de ello, el número creciente de ejecutados y desmembrados en distintos puntos del país producto de la rivalidad entre delincuentes.
Hay que añadir otro, no menos grave: silenciar a los medios desde las armas. La dictadura de un grupo de profesionales del miedo con sobrenombres de risa como “El Chapo”, “Z 40” o “El Mayo” ha conseguido, por lo pronto, silenciar el periódico El Mañana, editado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
“Ante la lealtad que debemos a nuestros lectores, declaramos ante ellos que El Mañana es un instrumento para libertad y la democracia, por tanto no está hecho para la mezquindad de ningún grupo de poder fáctico o delictivo que así lo pretenda. Por ello, este periódico apelando a la comprensión de la opinión pública se abstendrá, por el tiempo necesario, de publicar cualquier información que se derive de las disputas violentas…”, decía el editorial, esta semana.
(Lea aquí la: OPINIÓN EDITORIAL DE EL MAÑANA)
Junto con el homicidio violento y sin aclarar de la corresponsal de la revista Proceso en Xalapa, Regina Martínez, son una muestra de la ineficiencia ostensible de los responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos en general y sin distingo alguno.
Silenciar a un medio como El Mañana de Nuevo Laredo, o la pluma de gente como Regina, obliga a repensar el papel del Estado Mexicano para garantizar un derecho ciudadano inalienable en dos vertientes: la libertad de expresión y la libertad para estar informados.
El poder público como depositario de esa responsabilidad y muchas otras que dicta la Constitución General de la República está obligado a observar ese mandato y alentarlo, respetarlo y protegerlo. Es garante de la democracia, en todo caso.
Desde el inquilino de Los Pinos, pasando por gobernadores, ediles y legisladores, todos son omisos. Por ignorancia o complicidad ha prevalecido un silencio cómplice respecto de los atentados que cada vez con mayor frecuencia, recibe el periodismo mexicano.
Ofende hasta la indignación el gesto cada vez más desgastado del gobierno federal y su constante expresión de condena inútil como el caso de Cadereyta, Nuevo León, o cualquier otro punto en donde la barbarie campea.
Y desde luego, lastima la campaña que desde 2009 intentó justificar las acciones del gobierno que por una benevolencia del lenguaje se ha denominado “estrategia”.
Nadie tan responsable como Felipe Calderón de que una campaña propagandística haya bombardeado con anuncios cargados de ironía como: “… ahora el presidente y el PAN sí le están entrando con todo y tenemos que apoyarlos, así defenderemos a nuestros niños y jóvenes para que la droga no les llegue”.
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