Manuel Bartlett Díaz

mbartlett_diaz@hotmail.com

El Tribunal Electoral anuló el reglamento para regular la radiodifusión en elecciones, impugnado por la Cámara de Radiodifusión. La sentencia recayó en el distractivo puente septembrino, la precedieron furibundos ataques de la CIRT: “El IFE pone en riesgo la elección”.

Pero el reglamento solo recorta el tiempo entre la recepción por radiodifusoras del material y su difusión del material y su difusión, para agilizar el debate político y reconoce a las radiodifusoras comunitarias para facilitar sus transmisiones relativas. Aun ganando, la CIRT contraataca: “El IFE pretende pasar por encima del Tribunal”, preparan otro reglamento “que violaría nuevamente las resoluciones del Tribunal”.

La sentencia, infundada según acreditados expertos, dictamina que el IFE no consultó a la CIRT, sin un solo artículo que la obligue, habiéndose consultado en diferentes formas. Los magistrados consideraron insuficientes los argumentos de factibilidad técnica. Explicaciones periodísticas de dos magistrados, Galván y Carrasco, confirman inconsistencias: “Necesitaba el IFE una motivación reforzada”. ¿Qué es eso? No fuimos presionados aseguran, desoyeron entonces la presión pública insolente de las televisoras. En la dilación de la sentencia|, podían haber subsanado la “insuficiente información”, acceder al estudio de factibilidad técnica oficial ubicado en Internet, pero se circunscribieron a legalismos; ajenos a la realidad incumplieron su deber de garantizar principios constitucionales prioritarios. Los magistrados no ignoran que las descalificaciones de la CIRT solo persiguen sabotear la prohibición de propaganda pagada, restringida a tiempos del Estado. No digieren la pérdida del jugoso e influyente negocio. El Tribunal pudo haber resuelto el problema técnico y no dar la impresión de que fueron sometidos.

El IFE debe reponer el reglamento aceptando formalidades supervinientes, ejercer autoridad. Urge agilizar el debate, la lentitud en la sustitución de mensajes, desconectan las argumentaciones que las televisoras conducirán por otros canales al gusto. Pero os consejeros del IFE están amenazados si se atreven. El reglamento aprobado por cuatro votos con dos en contra, motivó la renuncia del consejero Francisco Guerrero a la presidencia de la Comisión de Radiodifusión del IFE, quien casualmente accedió a comisionado gracias a Emilio Gamboa, promotor de la Ley Televisa. Los antecedentes de los actores inciden en la confianza ciudadana.

Finalmente, el tema es el dominio electoral ejercido por los medios electrónicos, servicios públicos que descontrolados destruyen la democracia. La deslegitimación del proceso del 2006 pasó por las televisoras, que en un acto inusitado de contrición, produjo la reforma constitucional de 2007 que prohibió la compra de propaganda, aunque las “debilidades” de líderes y legisladores dejaron sin reglamentar aspectos fundamentales.

¿En qué se basa el poder llamado fáctico, la osadía de las televisoras que amenazan al IFE y a políticos de todos tamaños? Sencillamente en su identificación en intereses políticos, económicos, con el poder formal, que los alimenta y protege desde la Presidencia misma.

Ejemplos: El esfuerzo antimonopolio con la creación de Imevisión, televisora pública, frustrada por Salinas de Gortari al entregarla a su hermano Raúl, asociado a Salinas Pliego; el robo de Fox a la nación despojándola del invaluable 12.5% del tiempo de la radiodifusión; la inconstitucional Ley Televisa impuesta por Madrazo y Calderón en sumisión perdurable; la impúdica bancada Televisa formada por cesión de diputaciones a empleados de televisoras. Faltan tres nombramientos de consejeros del IFE, que exhibirán si el organismo seguirá partidizándose.

México desgobernado, empobrecido, martirizado, no está para reeditar el 2006. Los actores del proceso electoral deberán estar conscientes del detonador acechante, más peligroso que la amenaza de los medios.

mbartlett_diaz@hotmail.com

Exsecretario de Estado